Los indígenas Siona piden silencio para sus rituales de yagé. Se sienten “perturbados”

Las petroleras, el conflicto armado y los colonos campesinos amenazan la espiritualidad del pueblo binacional Siona del Putumayo, entre Colombia y Ecuador.

El espíritu del jaguar, cuidador ancestral de los Siona, está débil. Su fuerza ya casi no se siente en las selvas del departamento colombiano de Putumayo, en la frontera con Ecuador.

Este pueblo indígena binacional asegura haber perdido el silencio necesario para conectarse con su animal de protección durante las ceremonias de la planta sagrada del yagé, conocido como ayahuasca en otros pueblos amazónicos. Por el ruido, el conflicto armado y el confinamiento que perturban sus creencias y su espiritualidad, culpan a las petroleras, a los grupos armados, legales e ilegales, y a los colonos campesinos.

En una casa de tabla al margen izquierdo aguas abajo del río Putumayo está Pablo Maniaguaje Yaiguaje, uno de los sabios y médico tradicional del Resguardo Indígena Siona (Zio Baín) Buenavista. Al Taita o Yai Bain en Mai Coca, su lengua materna, le preocupa que el ruido de los pozos petroleros, las 24 horas del día, no le permite realizar con tranquilidad las “tomas” o ceremonias del yagé, remedio que preparan con plantas y bejucos que crecen en la manigua y que se consume en medio de cantos y rezos ancestrales. 

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Cuando toman yagé, los Siona entran en relajación y logran ver la pinta, imágenes que representan la vida, el cosmos, la naturaleza y los animales sagrados. Además, escuchan las voces de seres espirituales y su dios, el yagé, les entrega mensajes para orientar a su pueblo. Algunos taitas ven el jaguar y este les habla. La conexión la logran en la profundidad de la selva, en la noche y en silencio. 

“El ruido nos está atormentando”

“Está siempre el tun tun tun y de noche el eco es más claro. Esos son los atropellos”. El Taita se refiere al ruido de las petroleras ubicadas a unos 1.300 metros del lindero del Resguardo Buenavista. “Han puesto como seis pozos”, dice mientras señala detrás de su casa, donde hay palmas de cananguchas y distintas especies de árboles, y desde ahí alcanzan a oír los pozos.

En los rituales “nosotros no podemos llegar a donde está el cuidador de nuestro territorio (el jaguar). ¿Por qué? Porque acá no nos deja concentrarnos bien. Podemos tomar una copa (de yagé), podemos tomar dos, tres, pero no llegamos porque el ruido nos está atormentando”, se lamenta el Taita.

“El yagé es mi padre, es mi segundo padre, es mi padre espiritual que a uno le da a conocer muchas cosas”. El Taita Pablo agrega que a través de estas plantas también es posible ver lo que está pasando en el territorio. “Aquí sentados, tomamos, estamos invocando a nuestros espíritus para que detengan a los que quieren hacer algún mal a nuestra comunidad. Nosotros también rezamos y protegemos a nuestras gentes para que se defiendan y no les pase nada”.

El Resguardo, constituido en 1974, se extiende 4.500 hectáreas al oriente del municipio de Puerto Asís, en el corregimiento de Piñuña Blanco. De acuerdo con el más reciente censo de población hecho por el DANE, en 2018 los Siona eran apenas 2.599 personas, lo que ya los hacía un pueblo en riesgo de extinción.

De ese número, según los registros actuales del resguardo, 730 personas viven entre Buenavista y la comunidad San José de Wisuyá en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, a donde se llega cruzando el río Putumayo (el Gran Río o Jai Ziaya). Los otros Siona están en distintas comunidades en otros resguardos y cabildos en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Orito.

Los Siona se consideran “gente de chagra y de yagé”, y esos son los principales elementos de su sistema de creencias e identidad. Viven de la chagra, es decir, de la siembra del plátano, la yuca, la piña y otros productos. También subsisten de la caza, la pesca y la venta de artesanías. En su territorio tienen seis casas de remedio, en donde las familias se reúnen para tomar medicina ancestral, y tan solo les quedan cuatro sabedores.

La muerte del Taita Luis Felinto

Una de estas casas está en San José de Wisuyá, en medio de la selva, y funciona “como un cerco para que no entren esas empresas petroleras a los territorios y no entre ningún mal”, cuenta Yesid Piaguaje.

Para él, el daño más grande ocasionado por la petrolera, ubicada apenas a tres kilómetros de la comunidad, ha sido la muerte de su padre, el Taita Luis Felinto Piaguaje Yaiguaje, en octubre de 2018. De la pérdida de su autoridad tradicional e historiador oral, el pueblo todavía no se recupera. 

“Mi padre se fue enfermando porque por aquí pasaron construyendo un oleoducto y se vino el tractor tumbando árboles, matas de remedio, lo que es el yoko y el yagé (…) Y cuando pasan en los sitios sagrados de los taitas, afecta la parte espiritual”, explica Yesid, mientras muestra una fotografía de Luis Felinto.

Sobre la muerte del Taita, la Defensoría del Pueblo de Ecuador señaló que su salud se deterioró “a raíz de las afectaciones provocadas por las operaciones de las empresas Petroamazonas EP y Amerisur PLC realizadas, sin consulta previa ni licencia ambiental, sobre el territorio de la comunidad. La afectación a su salud se dio, especialmente, por la destrucción de la Casa del Pensamiento, lugar sagrado del Taita, y el taponamiento de un ojo de agua que la abastecía y que se utilizaba para la práctica de la medicina ancestral, derecho colectivo de la Nacionalidad Siona”.

A la fecha, no han recibido ninguna reparación por parte del gobierno ecuatoriano ni de las industrias extractivas.

El daño que genera el petróleo

Las petroleras también han contaminado las aguas que consume el pueblo. El Resguardo Siona Buenavista ha documentado las descargas directas de este líquido con crudo en las quebradas Mansoya, Singuiyá y Peneya, y en los ríos Putumayo y Piñuña Blanco. “En el 2012 botaban aguas contaminadas en la madrugada, para que la gente no se diera cuenta. Era un poco difícil transitar por el río porque el olor era insoportable. Ahí comenzamos a denunciar”, asegura Mario Erazo Yaiguaje, gobernador del Resguardo. 

María Nibia Iles, quien fue promotora de salud, comenta que 30 años atrás consumían el agua del río porque era limpia, pero ahora está muy contaminada y han tenido que comprar tanques plásticos para recoger la de la lluvia. Aun así, cuando llueve: “en el tanque se acumula algo negro por ese humo que echan los mechones”. La comunidad necesita usar filtros para tomar agua potable. 

Los impactos ambientales (“contaminación de fuentes hídricas y afectaciones de la flora y la fauna”) y sociales (daños a los “lugares sagrados, a las prácticas culturales e identidad, y militarización”) están incluidos en el expediente de consulta previa entregado al Ministerio del Interior de Colombia, según el informe de 2019 “Análisis sobre la industria de hidrocarburos en el piedemonte amazónico”.

Actualmente, en Colombia, los pozos petroleros son de Geopark, una empresa chilena que le compró a Amerisur los bloques en la cuenca Putumayo, incluido el bloque Platanillo, contiguo a Buenavista. Justo pasando la frontera, opera Petroecuador, que explota los bloques ubicados cerca del territorio de la comunidad San José de Wisuyá.

Para los Siona, en todo caso, no hay fronteras: “Lo que pasa en el lado colombiano pasa aquí en el ecuatoriano. Es la misma afectación, la misma contaminación, el mismo conflicto armado”, explica Yesid.

Desde 2014 el pueblo Siona en Buenavista, del lado colombiano, le dijo no a las exploraciones y estudios sísmicos que Amerisur pretendía realizar en su territorio. Lo mismo ocurrió del lado ecuatoriano, donde la comunidad Siona-Kichwa de San José de Wisuyá también decidió no permitir actividades extractivas. En 2022, reiteraron que no tienen ningún interés de participar en las asambleas de socialización de la Ronda Petrolera Intracampos II. Aun así, la presencia de las multinacionales en esa región fronteriza se mantiene y su expansión es inminente.

Sobre el territorio en Ecuador, en agosto de 2018 la Defensoría del Pueblo de ese país determinó la “vulneración de los derechos colectivos a la consulta previa, derecho al territorio y derecho a la identidad cultural, así como de los derechos de la naturaleza y medio ambiente por parte del Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente y las empresas Petroamazonas EP y Amerisur PLC”. Ese mismo año, en Colombia fue otorgada una medida cautelar a favor del pueblo Siona para proteger sus derechos.

“Los señalamientos contra esta comunidad ejercidos por los diferentes actores del conflicto que operaban en la zona inician desde 1990 recrudeciéndose los enfrentamientos una vez empieza la extracción de petróleo”, reseña la resolución.

Esta medida se sumó a otra que ese mismo año otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, exigiendo al Estado colombiano la protección del pueblo Siona, que nueve años atrás ya había sido declarado por la Corte Constitucional de Colombia (en el Auto 004) en riesgo de exterminio físico y cultural por el desplazamiento y las graves vulneraciones de sus derechos.

Sobre los impactos generados por el ruido de los pozos y los descargues de agua contaminada con crudo que afectan la vida y espiritualidad de los Siona, Agenda Propia consultó vía correo electrónico a Geopark, sin obtener respuesta al cierre de la edición de esta historia el 21 de junio de 2023.

Confinados en su comunidad

Para los Siona, todavía no es seguro andar por varios lugares sagrados de su territorio por la presencia de minas antipersonales y explosivos que la antigua guerrilla de las FARC y miembros de las fuerzas militares dejaron a su paso.

“Entre 2011 y 2013 fuimos afectados porque sembraron muchas minas en sitios sagrados donde están nuestras plantas, a donde íbamos a recoger nuestros alimentos y a realizar rituales”, relata Alonso Eduardo Otávalo, coordinador de Territorio e integrante de los cuiracuas, cuidadores o guardianes indígenas. El grupo está conformado por 45 hombres y mujeres de la comunidad.

“Hacia el fondo de la selva, en Puerto Silencio, todavía están las minas”, comenta Alonso. El cuiracua asegura que pese a que se han hecho limpiezas y desminados humanitarios, todavía faltan lugares.

“Nosotros nos acercamos a las entidades para mediar que nuestra misma gente se capacite para realizar este trabajo, para así mismo entender y entrelazar las conexiones que tenemos con nuestro territorio y lo que sintió nuestra gente durante esas épocas”, relata la lideresa Adiela Jineth Mera Paz, una de las seis personas del resguardo que desde el 2018 se capacitaron para acompañar en las jornadas de desminado a la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Cuando ella habla de “esas épocas” se refiere al conflicto entre el Estado colombiano con las FARC.

La muerte de la abuela Eloísa Payoguaje, quien en diciembre de 2012 pisó una mina cuando iba al río a pescar, es uno de los hechos que la comunidad recuerda con más dolor. Este caso hizo parte de las más de 45 denuncias que los Sionas compartieron con la comisión estatal que visitó el resguardo en 2017.

Luego de la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC, al territorio han llegado otros grupos criminales y “el contexto de miedo, confinamiento, desplazamiento y reclutamiento, aún persiste”, denuncia Mario, el gobernador del Resguardo. Actualmente los grupos criminales que operan en la zona han limitado los horarios de movilidad de los indígenas, prohibiéndoles salir de sus casas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.

Estas restricciones afectan su seguridad alimentaria y la conexión con sus costumbres. “Nuestra cultura es ir de noche a pescar, a coger pescado con atarraya, en canoas, con linterna, ir a las playas y ya a esa hora no podemos, ya no podemos andar, tampoco para cazar, que se hace en las noches, y si salimos, es un riesgo”, asegura el cuiracua Alonso.

En 2021, la Defensoría del Pueblo de Colombia documentó que en el 2018 en Puerto Asís y otras regiones del Bajo Putumayo, disidentes del Frente 1 Carolina Ramírez de las FARC empezaron a disputar el territorio con el “Clan Sinaloa”, ahora “Comandos de la Frontera”, para mantener el “control sobre las economías ilícitas”. Recientemente, este Frente masacró a cuatro jóvenes indígenas que ya habían sido víctimas de reclutamiento forzado en Putumayo e hizo que el presidente Gustavo Petro suspendiera el alto al fuego con las disidencias en mayo de 2023.

De acuerdo con la Defensoría, la configuración armada en Putumayo se debe a que esa región tiene interconexión terrestre y fluvial con los departamentos colombianos de Nariño, Huila, Cauca y Caquetá, lo que facilita “el tránsito de armas, hombres (sic), establecimiento de zonas de retaguardia en el vecino país del Ecuador, y, sobre todo, el transporte y comercialización de la coca”. Una de esas rutas pasa cerca del Resguardo Buenavista.

En los últimos años también se ha presentado el reclutamiento de jóvenes indígenas Siona de ese Resguardo. El gobernador Mario denuncia que estos grupos les ofrecen dinero y se van engañados. “Como no hay alternativas, no hay soluciones en el propio territorio, pues un actor armado les ofrece dos millones de pesos mensuales (unos 500 dólares), se van, porque no tienen cómo apoyar la familia”, asegura.

Los Siona guardan en sus memorias el horror del largo conflicto armado. “Las Fuerzas Militares llegaron con la entrada de las petroleras. A principios de 1981 se identificó la presencia del Movimiento 19 de abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL); en 1985 frentes 48 y 38 de las FARC, así como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, reseña la Comisión de la Verdad nacida del acuerdo de paz de 2016, en su informe de 2022.

En otros tiempos, el cuidador del territorio era el jaguar. Ahora, son los cuiracuas, hombres y mujeres que cargan el bastón de chonta con un tejido en la parte superior con varias imágenes que representan el resguardo.

Deterioro ambiental y deforestación

Los líderes también han advertido que la apertura de la carretera La Rosa – La Alea, en Puerto Asís (Putumayo), para el servicio principalmente de las petroleras, ha dañado un cananguchal, ecosistema de palmas que alberga especies de animales y de flora necesarias para el equilibrio de la selva y para su pervivencia alimenticia y espiritual.

“El rompimiento del corredor biológico hizo que los animales se fueran, se desplazaran, por la deforestación, porque los animales ya no tienen sus pepas que es alimento para ellos y para nosotros como indígenas, también algunas plantas son medicinales”, agrega Mario, el gobernador del Resguardo.

La Casa de Justicia de la Alcaldía de Puerto Asís también denunció que la exploración petrolera realizada entre 2019 y 2020, que consistió en la explotación de materiales con dinamita, afectó el ecosistema en la vereda Piñuña Blanco y al resguardo Buenavista.

Más tierra para sanar el territorio

Proteger la espiritualidad y sus territorios se ha convertido en la lucha de los Siona, y saben que una manera de lograrlo es recuperando la tierra que han ido perdiendo. Por ello, desde 2018, el pueblo inició la solicitud de la ampliación de su resguardo en 52 mil hectáreas. En 2020, la Unidad de Restitución de Tierras realizó la caracterización de las afectaciones territoriales y a la fecha de escritura de este artículo, el requerimiento se encontraba en etapa probatoria.

Para el Gobernador indígena, el proceso judicial va muy lento mientras la deforestación y la pretensión de abrir otra carretera que atravesaría el área de ampliación sí avanzan rápidamente. Mario pide celeridad en las etapas judiciales.

En 2022 la deforestación en el municipio de Puerto Asís fue de 1.250 hectáreas, seis de estas en el resguardo Siona de Buenavista, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. La ministra colombiana de Medio Ambiente, Susana Muhamad reveló a los medios de comunicación que el Putumayo, ese mismo año, tuvo un incremento del 26 por ciento de deforestación. 

El jaguar es uno de los animales que ha ido perdiendo su hábitat natural por la tala de árboles, la apertura de carreteras y la siembra de pastos para ganadería. Además, también se le persigue para cazarlo y traficar de manera ilegal su piel y sus colmillos. Muy cerca del área de ampliación del resguardo en el municipio de Puerto Asís, en marzo de 2023, se reportó la muerte de uno de estos felinos, causando temor en las comunidades indígenas.

El jaguar, que representa la fuerza y el poder para los pueblos originarios, necesita cerca de 10 kilómetros cuadrados de selva o bosque para su subsistencia. Este espacio es hábitat de unas 65 especies de animales que, como explica el biólogo Mario Chávez de Corpoamazonía, se convierten en su presa y alimento.

Pese a que en los últimos años ha sido difícil conectarse con el jaguar de una forma espiritual, los médicos tradicionales Siona dicen que todavía tienen la “energía para poder sostener” a su pueblo con el poder del yagé. Desde sus casas de remedio, los taitas seguirán rezando y cantando para alegrar a los espíritus de la selva. “Por eso nosotros invocamos y cantamos al tigre, a la boa, al águila y al firmamento. Todos nosotros rogamos a esos espíritus, en la tierra, en el territorio, que vengan acá, porque el yagé es el papá de la medicina, de la naturaleza”, dice el Taita Pablo, quien asegura que la manera de mantener el legado es compartir esta sabiduría a las y los jóvenes de la comunidad.

Los Siona también esperan que los gobiernos tomen medidas para su protección, a lado y lado de la frontera, y que estas sean efectivas ante las graves amenazas de pérdida de la cultura y violaciones a sus derechos.