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Historia Publication logo Julio 2, 2019

Una vida contra las hidroeléctricas

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An Indigenous Rikbaktsa woman cleaning on the banks of the Arinos River, north of Mato Grosso. Although the project of the Castanheira plant ensures that the various Indigenous lands, including the Apiaka, Rikibaktsa, Kaiabi, Munduruku and Tapajuna, would not be affected by the flood, the hydrographic alteration would leave the entire village deprived of resources it depends on so much for their subsistence food and for their sacred rituals.
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Proyecto

The Last River

A series of reports on the threats and resistance activities linked to the defence of the last river...

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Una lancha navega sobre el río Arinos, en octubre de 2018. Foto por Pablo Albarenga. Brasil, 2018.
Una lancha navega sobre el río Arinos, en octubre de 2018. Foto por Pablo Albarenga. Brasil, 2018.

“Mi vida es la defensa de este lugar”, cuenta Eduardo Morimã, indígena de la etnia apiaka que vive en la aldea Mayrob, en el municipio de Juara, norte del estado brasileño de Mato Grosso. Situado en el corazón de este país, es uno de los principales ojos del huracán de la deforestación de la selva amazónica como resultado de la ganadería intensiva y de los monocultivos de soja, maíz y algodón que dibujan un cinturón agropecuario en el sur de la Amazonia. Más allá de los impactos sobre la flora y la fauna de los ríos implicados, así como las poblaciones desplazadas, la construcción de un proyecto de centenas de centrales hidroeléctricas agravaría los índices de deforestación en la región.

“Vivo viajando, solo paro en casa unos cinco días por mes. Menos mal que mis hijos están criados”, añade Morimã, completamente dedicado a la defensa del medio ambiente. Morimã despierta cada día en un lugar diferente pero siempre con el objetivo de informar a los pueblos vecinos sobre la instalación de la hidroeléctrica de Castanheira en el río Arinos, municipio de Juara. Este río baña la parte baja de la cuenca del río Juruena, que desemboca en el río Tapajós hasta llegar al caudaloso Amazonas.

La central de Castanheira está clasificada como gran productora hidroeléctrica (UHE), es decir, que puede dispensar más de 30 megawatios. Forma parte del proyecto de 138 pequeñas, medias y grandes centrales de generación de energía que varias empresas pretenden construir en la cuenca amazónica del río de Juruena, una región con un inmenso potencial hídrico que todavía permanece relativamente libre de represas. En la cuenca existen por el momento 32 hidroeléctricas funcionando y 10 en construcción.

Los pueblos desean ser consultados

“Lo que se está planeando para la región de la cuenca del Juruena es transformar los ríos en fuentes de producción de electricidad. La gran disputa es: ¿recursos naturales o económicos?”, apela Jefferson Nascimento coordinador del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). “Castanheira sería la puerta de entrada para alterar completamente el territorio y convertirlo en un mega complejo de hidroeléctricas”, de acuerdo con el análisis del MAB, que trabaja acompañando los impactos de diferentes tipos de presas desde los años setenta cuando se construyó la hidroeléctrica de Itaipú, una de las mayores del mundo.

Nascimento considera que la propuesta del actual gobierno central podría aumentar la violación de derechos humanos derivada de la ausencia de identificación de ciertos riesgos. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya afirmó durante su campaña electoral que si dependiese de él, no delimitaría ni un centímetro más de tierra indígena y que estas tierras, así como las reservas naturales, no pueden obstaculizar el desarrollo de un país rico en recursos naturales. Por su parte, Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente, expresó en el comienzo de su mandato que los procesos de licencia ambiental podrían ser agilizados para que proyectos como la construcción de hidroeléctricas no demoren tanto tiempo en salir del papel.

En la cuenca amazónica del río de Juruena, existen por el momento 25 hidroeléctricas funcionando o en construcción.

“Los pueblos tienen que ser informados y consultados. En esta consulta tienen derecho a decir no a la hidroeléctrica”, declara Nascimento que explica como en innúmeras ocasiones algunos proyectos de emprendimiento en la Amazonia han violado la disposición de consulta previa, libre e informada a las personas afectadas tal y como estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Una exigencia que, además, está recogida en la Constitución brasileña.

Frente al deseo de consulta que expresan las poblaciones afectadas directa e indirectamente, la Empresa de Investigación Energética (EPE, por sus siglas en portugués), que es la responsable por el proyecto, responde que no figura entre sus obligaciones. “El Convenio 169 solo se destina a pueblos indígenas y tribales”, explica Lieggio. “No hay proceso de consulta, ya realizamos reuniones con los indígenas (…). En 2016 nos dieron autorización para levantar informaciones primarias en sus tierras”, añade esta superintendente adjunta de la EPE, que explica que será la Fundación Nacional del Índio (FUNAI) quien exprese si, según los estudios de componente indígena realizados por la Empresa, la inversión es viable o no del punto de vista de los impactos sobre las comunidades ancestrales.

Buscar mecanismos de desarrollo sin dilapidar recursos

“Las poblaciones locales no recibirían nada de esta energía. Ellos se quedarían solo con los perjuicios”, declara Nascimento, que denuncia la inviabilidad económica de una inversión millonaria. “Debemos buscar otro mecanismo de desarrollo que no sea en base a la extracción predatoria de recursos. Estamos bajo un proceso de neocolonialismo, los dueños de la mayoría de estas hidroeléctricas son grupos empresariales franceses, portugueses, españoles, chinos o estadounidenses”, explica. La central de Castanheira podría generar, de acuerdo con la proyección de la EPE, una potencia de 140 megawatios, de los cuales 98 serían aprovechados y vertidos al Sistema Nacional Interligado de Energía de Brasil. Esta cantidad de electricidad no representa ni un 1% del total consumido en el estado de Mato Grosso, una cantidad menor aún si se considera que Brasil ya posee un excedente de energía de casi 14.000 megawatios de potencia generada, de acuerdo con los datos de 2017 de la empresa ENGIE Brasil Energia S.A.

Guilherme Fialho, analista de investigación energética de la EPE, argumenta que el aumento de energía permite darle una mayor estabilidad al sistema central energético y reducir riesgo de apagones. “Aunque sea poco, el país está creciendo y vamos tener necesidad de ampliación energética”, añade Fialho. “Para atender el crecimiento esperado de consumo, es necesario instalar muchas centrales de energía nuevas en el país”, subraya el estudio ambiental de esta represa. En otro informe participativo, la EPE también argumenta que uno de los desafíos de Castanheira es “compatibilizar la expansión de agronegocios con la preservación ambiental”. “El agronegocio es una realidad bastante presente en el estado de Mato Grosso (…). No podemos dejar de mencionar la importancia de este sector en el PIB nacional”, añade la Empresa en dicho documento.

En el plano decenal de expansión energética hasta 2027 elaborado por la EPE, se prevé un crecimiento moderado de la economía brasileña para la próxima década. “La extracción será el sector con mayor crecimiento (…). La industria extractiva brasileña goza de una excelente competitividad gracias a sus reservas minerales de gran volumen y de calidad superior”, explica el plan decenal, que destaca el potencial en extracción de hierro y petróleo. Glauce Lieggio, de la EPE, especificó que es imposible saber la cantidad de energía que se destina a cada sector y que algunos rubros, como el de la minería, tienen sus propias centrales generadoras.

“Ofrecer un excedente energético podría ser una invitación para que grandes inversores se instalen en estos lugares”, considera Vitor Amaral Costa, jefe de Derechos Sociales y Ciudadanía de la FUNAI, que subraya la posibilidad de considerar otras fuentes energéticas, como la solar. Él añade que la mayoría de las empresas responsables de la construcción de estas hidroeléctricas pertenecen a grandes grupos económicos. “Es una mezcla de lo privado con lo público fuera de serie. Esto sucede en todo Brasil pero aquí es realmente una capitanía hereditaria del Brasil moderno”, describe.

En caso de que el proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Castanheira saliese del papel, arrasaría algunos pueblos de tres municipios ribereños.

Brasil cuenta con una potencia de más de 160 millones de kilowatios. Según los últimos datos de la ANEEL (consultados el 25 de mayo de 2019), existe un total de 1.345 centrales hidroeléctricas, entre grandes, medianas y pequeñas, responsables del 64% del total de la energía generada en el país. Más allá de los recursos hídricos, las termoeléctricas producen el 24,5% del total, las eólicas el 9,1%, las termonucleares el 1,2% del total y las solares fotovoltaicas el 1,3%.

“Los prejuicios serían irreparables, no existe dinero que pague”

En caso de que el proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Castanheira saliese del papel, “el embalse inundaría un área de 9.470 hectáreas, afectado tierras de los municipios de Juara y de Novo Horizonte do Norte”, tal y como dispone el informe de Impacto Ambiental de Castanheira realizado por el Consórcio Habtec Mott MacDonald - NovaTerra para la EPE. El 99% del área inundada se situaría en el municipio de Juara. “El municipio de Porto dos Gauchos está más distante y puede que las obras no afecten ni al área urbana ni a la rural (…). Nosotros identificamos a todos los propietarios afectados en una lista”, explica Elisângela Medeiros de Almeida, superintendente de Estudios Económicos, Energéticos y Ambientales de la EPE, que cuenta con una página web informativa sobre el proyecto de Castanheira.

Una mujer indígena Rikbaktsa limpiando una olla a orillas del río Arinos, al norte de Mato Grosso.
Una mujer indígena Rikbaktsa limpiando una olla a orillas del río Arinos, al norte de Mato Grosso. Foto por Pablo Albarenga. Brasil, sin fecha.

Las comunidades afectadas recibieron más información del proyecto el pasado 28 de febrero, cuando tuvo lugar la primera audiencia pública, organizada por el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del Estado de Mato Grosso. La EPE no fue convocada a la reunión y declaró desconocer el motivo. La empresa informa que las audiencias públicas del proceso de licencia ambiental serán anunciadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso, aunque no tienen previsión de fecha por el momento.

El río Arinos, donde se prevé construir esta central, ya sufre por los impactos de los monocultivos de soja y caña de azúcar próximos, tal y como recoge el estudio de impactos ambientales sobre hidroeléctricas en la cuenca del Juruena realizado por la propia Empresa. La región ya perdió una parte considerable de sus hábitats nativos resultado de la expansión de la frontera agropecuaria y de la extracción de madera y minerales. No obstante, continúa siendo uno de los ríos con mayor diversidad y cantidad de peces de entre todas las 146 especies identificadas en esta cuenca hidrográfica por los investigadores del informe, que admiten que los resultados pueden estar subdimensionados. Se clasificaron también 800 especies de fauna silvestre de acuerdo con el documento.

Bolsonaro ya afirmó durante su campaña electoral que las tierras indígenas, así como las reservas naturales, no pueden obstaculizar el desarrollo del país.

“Castanheira no interfiere directamente ni en unidades de conservación ambiental ni en tierras indígenas, por tanto el escenario de construcción de esta usina es menos conflictivo”, declaró en entrevista De Almeida. Aunque las tierras de los Apiaka, Rikbaktsa, Kaiabi, Munduruku, Tapayuna y otros grupos indígenas que permanecen a día de hoy aislados no se verían afectadas por la inundación del embalse, la construcción de la central a escasos 120 kilómetros del nacimiento del río alteraría los flujos migratorios de los peces. Las comunidades cercanas dependen de estos recursos tanto para su subsistencia alimenticia como para sus rituales sagrados. “Los prejuicios serían irreparables, no existe dinero que pague”, reconoce este líder del pueblo apiaka y enumera con desolación los impactos de otros proyectos hidroeléctricos que él mismo ha visitado en otras regiones de Brasil, como Belo Monte o Teles Pires. “En el 2000 yo estuve en una aldea cercana al río Teles Pires y había abundancia de peces, ahora hay que buscar otros ríos a unas dos o tres horas en barco para poder pescar. El cercano a nuestra aldea es tan pequeño que si construyen la represa se podría incluso secar”, añade.

Cuestionada sobre la inquietud de los indígenas, la EPE alegó que su estrategia no consiste simplemente en compensar con dinero. “Nosotros intentamos mantener la disponibilidad de ese recurso”, alega Glauce Lieggio, superintendente adjunta de este organismo. La EPE dice estar considerando algunas medidas para “amenizar los impactos sobre ese recurso tan importante”. Entre ellas, un sistema de traspaso de especies “para garantizar una población de peces a largo plazo”, tal y como explica Mariana Especie, analista de investigación de la Empresa.

Asimismo, el estudio señala: “La UHE Castanheria se encontraría en una región considerada la zona sísmica más importante de Brasil, llamada Zona Sismogénica de Porto dos Gaúchos (ZSPG)”. Accidentes en este tipo de instalaciones son comunes. El año pasado se rompieron tres pequeñas centrales hidroeléctricas en el río Arinos provocando el desalojo de las poblaciones ribereñas. “Son proyectos avasalladores que pueden acabar con nuestra cultura, con la naturaleza, con la vida en general”, declara Morimã que explica que gracias a una movilización en 1989 consiguieron frenar una represa que ya estaba casi concluida y que se encontraba a escasos cinco kilómetros del Salto Sagrado dos Kaiabi, uno de los lugares más emblemáticos para las comunidades indígena apiaka que viven cerca. “Es una cascada preciosa, todos los fines de semana los indígenas van a cazar, a pescar. No la queremos ver destruida”. Morimã considera que su comunidad enfermaría, no podría vivir sin la naturaleza.

Amaral, de la FUNAI,, explica que las compensaciones que las empresas ofrecen a las poblaciones afectadas no resuelven sus verdaderas necesidades y considera que se trata de “un intercambio muy injusto”. Preguntado sobre la central de Castanheira, Amaral responde que este es el único proyecto que no inunda ninguna tierra indígena directamente, pero que cerraría un pasillo de biodiversidad y afectaría al flujo ecológico, del que dependen estas comunidades. “Lo que está en juego en este momento es el desbloqueo del resto de hidroeléctricas que están siendo planificadas para la región. Castanheira es un termómetro para preparar el resto de negociaciones”, añade este representante del órgano gubernamental de la FUNAI, quien destaca que habría ciertos impactos hasta el día de hoy inmensurables para los pueblos ancestrales que viven de forma totalmente aislada en la región.